La Violencia del Abandono: El Impacto del Estado en la Educación Rural
Examinanado factores del desarrollo de la educación rural en Colombiano Miguel Salas Ávila y Omar Ricardo Munévar Mesa encuentran señas claras de violencia estructural, comparando con la educación urbana, por condiciones de desigualdad y exclusión. Los autores proponen intervenciones integrales y sostenidas y cambiar el modelo actual que sistemáticamente ha negado el derecho a la educación a miles de niños y jóvenes rurales.
¡Un llamado al Derecho a una Educación digna y accesible para todas y todos!
La Violencia del Abandono:
El Impacto del Estado en la Educación Rural – Lic. Felio Miguel Salas Ávila/PhD. Omar
Ricardo Munévar Mesa.
En los territorios rurales de Colombia, la educación no solo enfrenta desafíos estructurales, sino que también es víctima de una violencia silenciosa: la negligencia estatal. El abandono de la infraestructura vial, la falta de inversión en instituciones educativas y la ausencia de políticas diferenciadas configuran un escenario donde la educación rural es sometida a una forma de violencia sistemática, aquella que priva a niños y jóvenes de su derecho fundamental a una educación digna y accesible.
El sociólogo Johan Galtung (1969) define la violencia estructural como aquella que se ejerce de manera indirecta, a través de estructuras que perpetúan la desigualdad y la exclusión. En este contexto, la precariedad de los caminos que conectan las escuelas rurales colombianas, catalogadas como “zonas de difícil acceso”, con las comunidades no es solo un problema de infraestructura, sino una manifestación tangible de esta violencia. Robert Daniel Benavides Córdoba (2024), en su estudio de caso sobre la Institución Educativa Santa Rosa en Popayán, Colombia, analiza cómo la infraestructura incide en la calidad de la educación rural porque las deficiencias en infraestructura afectan negativamente los ambientes de aprendizaje y dificultan el trabajo cotidiano de la comunidad escolar.
Según datos del DANE (2023), el 30% de los estudiantes rurales en Colombia deben recorrer más de una hora para llegar a sus instituciones educativas. De ellos, el 15% abandona sus estudios debido a las dificultades de acceso. Esta situación demuestra cómo la falta de inversión estatal se convierte en un mecanismo que restringe las oportunidades de miles de niños y jóvenes, condenándolos a la marginalidad y perpetuando el ciclo de pobreza.
Durante los recorridos para la presentación de los candidatos a personería y contraloría por las sedes dispersas de la Institución Educativa Rural María Analía Ortiz Hormaza, ubicadas en zonas rurales de Obando, del Valle del Cauca, Colombia, se observó un fenómeno preocupante: los estudiantes han aprendido a reírse de la precariedad. Para ellos, caminar largas distancias, cruzar ríos sin puentes y transitar por vías enlodadas es parte de su cotidianidad. Sin embargo, como advierte Paulo Freire (1970) en La pedagogía del oprimido, la normalización del sufrimiento es un mecanismo de opresión que impide a los afectados reconocer la injusticia de su situación y, por ende, movilizarse para transformarla.
El caso de Luisa, una estudiante de 14 años que camina más de cinco kilómetros diarios para asistir a clases, es un claro ejemplo. En temporada de lluvias, sus posibilidades de llegar a la escuela se reducen drásticamente debido a la intransitabilidad de los caminos. Como ella, miles de estudiantes enfrentan esta realidad sin que exista una respuesta efectiva por parte del Estado. En este sentido Katerine Castro Escobar y Dageinis Adriana González Chavarría (2023), exploran en sus estudios las dificultades y desafíos de la educación rural en Colombia, enfocándose en las brechas que limitan el acceso y la calidad educativa. Señalan factores como la falta de recursos y ausencia de incentivos, que perpetúan la desigualdad en la educación rural.
Colombia ha implementado políticas educativas que, en teoría, buscan garantizar la equidad en el acceso a la educación. Sin embargo, estas estrategias han ignorado sistemáticamente las particularidades del sector rural. La UNESCO (2019) señala que la educación rural requiere un enfoque diferenciado, con inversión en infraestructura, acceso a tecnología y programas de formación docente adaptados a la realidad de estos territorios. Sin embargo Juan Pablo Salas Salazar (2024), explora cómo la educación rural en Colombia puede actuar como guardián de territorios afectados por diferentes fenómenos sociales, destacando la importancia de los enfoques territoriales y desarrollos locales en la educación rural.
Mientras en países como Finlandia se destina una mayor inversión per cápita a las escuelas rurales para garantizar condiciones de equidad (Sahlberg, 2011), en Colombia el presupuesto destinado a la educación rural es significativamente menor que el de las áreas urbanas. Esta brecha no solo limita las oportunidades de aprendizaje, sino que también refuerza la exclusión social y económica de las poblaciones rurales.
La violencia estructural ejercida por el Estado en la educación rural no es accidental, sino el resultado de décadas de políticas que han privilegiado el desarrollo urbano en detrimento de los territorios rurales. Esta omisión deliberada tiene consecuencias profundas: al privar a las comunidades rurales de una educación de calidad, se limita su acceso a mejores oportunidades laborales, se restringe su participación en la vida política y se perpetúa su condición de vulnerabilidad perpetuando injusticias, la inequidad, la exclusión y la desigualdad, constituyendo formas de violencia estructural que afectan el derecho a una educación de calidad.
El Banco Mundial (2022) advierte que la falta de acceso a vías adecuadas no solo afecta la educación, sino también el desarrollo económico de las regiones rurales, restringiendo su capacidad productiva y su integración al mercado. En este sentido, la inacción estatal no solo atenta contra el derecho a la educación, sino que se convierte en un mecanismo de control que impide el progreso de estas comunidades sin una estrategia de competitividad territorial que debe basarse en innovación, aprendizaje, progreso técnico y cambio estructural con diversificación productiva agropecuaria. También implica factores económicos y no económicos, como los recursos sociales, educativos, culturales, históricos, institucionales, agrícolas y agropecuarios. Es decir que el desarrollo de las comunidades mediado por la educación es un proceso que genera crecimiento cultural y económico, cambio estructural en la dinámicas sociales, participación e interacción de actores locales y aprovechamiento de sus propios recursos.
Si el Estado colombiano busca realmente garantizar el derecho a la educación, debe reconocer su responsabilidad en esta forma de violencia y actuar en consecuencia. La inversión en infraestructura vial para mejorar la competitividad territorial, el fortalecimiento de las instituciones rurales y la implementación de políticas educativas adaptadas son medidas urgentes para reparar el daño causado y garantizar condiciones justas, equitativas y de igualdad para todos los estudiantes.
Asimismo, es esencial que la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y la comunidad académica visibilicen esta problemática y exijan una respuesta efectiva. No se trata solo de mejorar caminos o construir escuelas, sino de romper con un modelo de exclusión que ha negado sistemáticamente el derecho a la educación a miles de niños y jóvenes rurales.
La educación rural no puede seguir siendo un acto de resistencia en medio del abandono. Es hora de reconocer que la negligencia estatal también es violencia y que, sin una intervención inmediata, las futuras generaciones seguirán pagando el precio de esta omisión histórica. Para que la educación rural deje de ser un acto de resistencia en medio del abandono y se convierta en un derecho garantizado con equidad y calidad, es necesaria una intervención integral y sostenida.
En primer lugar se necesita de una Política Educativa Pública Fuerte y Sostenida con orientaciones específicas para el sector rural, con enfoque diferencial, acompañadas de mayor inversión en infraestructura educativa, conectividad y acceso a recursos tecnológicos; esto es programas de financiamiento para garantizar gratuidad real y equidad en el acceso a la educación. En segundo lugar Formación y Bienestar Docente con programas específicos de enfoque rural, que integren pedagogías pertinentes a los contextos locales y por supuesto incentivos salariales y de estabilidad laboral para los docentes en zonas rurales que incluyan vivienda, transporte y condiciones dignas.
En tercer lugar Inversión en Infraestructura Educativa y Conectividad con la construcción y mantenimiento de escuelas, mejoramiento de vías de acceso para estudiantes y garantizar conectividad a internet y dotación tecnológica en las escuelas. En cuarto y último la articulación Escuela-Comunidad-Productividad
Mediante la vinculación de la educación con
proyectos productivos sostenibles, creación de alianzas con empresas,
cooperativas y universidades para fortalecer la educación técnica y superior en
el campo sin descuidar el fomento del arraigo rural y la permanencia de los
jóvenes en sus comunidades.
Implementar estos elementos con compromiso y visión de mediano y largo plazo, permitiría que la educación rural deje de ser un acto de resistencia y se convierta en un pilar de equidad, desarrollo y transformación social.
Excelente, aporte felicitaciones. Nada distinto a Él salvador, seguimos luchando.
ResponderEliminarMuchas gracias por el comentario. Seguimos luchando.
ResponderEliminarEl escrito es un paso importante hacia la conciencia y el cambio. Al hablar sobre La Violencia del Abandono, podemos comenzar a crear un entorno más seguro y solidario para aquellos que han sido afectados por este problema.
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